El Paro Nacional convocado por varias centrales sindicales el 9, el Paro Agrario de dos días y el amazónico de tres, son expresión contundente del descontento mayoritario y de múltiples demandas insatisfechas. De estos hechos destaco dos asuntos cruciales. El primero, la indispensable redistribución –en la sociedad y en el territorio– del crecimiento de la economía. El segundo, la urgente necesidad de recuperar la cultura de la concertación.

El relevante crecimiento económico de cinco años continuos de la economía no ha llegado a todos ni a todas por igual. Las brechas entre los de arriba y los de abajo, entre las regiones y Lima se han incrementado y el empleo ha crecido tímidamente. Mientras las utilidades de las empresas aumentaron del 52% del PBI en 1990 a un 62% en el 2006, las remuneraciones cayeron de 30% al 22% en el mismo lapso. Casi 20 años de políticas económicas neoliberales han sido eficaces para distribuir el ingreso entre los más ricos y desfavorables para impulsar más rápidamente el empleo y mejorar el ingreso de millones de compatriotas.

El modelo debe cambiar. Es posible y es necesario. Entre otras, requerimos medidas que orienten las inversiones a actividades descentralizadas intensivas en mano de obra. Solo el empleo digno y una política económica y social basada en los derechos de las y los peruanos a un desarrollo esencial en educación y salud universales y de calidad, al saneamiento e infraestructura vial y energética, a la justicia y seguridad, generarán oportunidades y resultados que nos igualen.

Asistimos a un gravísimo deterioro de la cultura política de la concertación y de sus instituciones, la mayor parte de ellas creadas en la transición democrática. Esto se expresa en el debilitamiento del Acuerdo Nacional, el ninguneo gubernamental a las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la ausencia de perfil del Consejo del Trabajo, el abandono de la prevención sectorial y concertada de los conflictos, la falta de diálogo serio y eficaz del gobierno con la Asamblea de Gobiernos Regionales, los gobiernos locales, los gremios y asociaciones.

La violencia verbal del Presidente contra quienes lo critican echa gasolina a la hoguera, generando distancias e incrementando peligrosamente la desconfianza. La criminalización de la protesta social, así como al trastocamiento del orden constitucional confiriendo a las FFAA facultades para intervenir en asuntos de orden interno en supuestos no considerados siquiera en la polémica Ley 28222 para acallar a quienes protestan, hacen más frágil aún nuestro Estado de Derecho.

El nuevo liderazgo político y social que se da en las regiones, la Asamblea de Gobiernos Regionales, los partidos emergentes, el movimiento social y político que surgió de la transición democrática deben recuperar el terreno perdido, articular esfuerzos, fortalecer presencia y voz para lograr el cambio, la justicia, la concertación y la gobernabilidad.

Publicado en La República (10.07.08)