Finalmente, con la presentación algo tardía pero importante de los planes de gobierno de la mayor parte de organizaciones políticas, los electores peruanos empiezan a tener un conjunto más o menos diverso de propuestas programáticas que deben convertirse en materia central de debate público.  Lo primero a señalar es que por primera vez en mucho tiempo el tema del “modelo económico” se ha convertido en eje importante de la discusión. Esto no fue así en ninguna de las últimas tres elecciones presidenciales, y esta novedad debe ser bienvenida.

Cabe entonces preguntarse por lo que entendemos por modelo económico y qué planteamos con respecto a necesidades de cambio. El “modelo económico” es el conjunto de reglas de juego formales establecidas en la Constitución, las leyes y sus instituciones vigentes; y también (no menos importante) es un conjunto de ideas, costumbres y comportamientos de las empresas y de la población con respecto al funcionamiento económico y político. Es en el marco de estas “reglas” que se forman y operan las organizaciones económicas, políticas y sociales buscando en cada caso hacer avanzar intereses diversos y complejos.

Es por todos conocido que durante la década fujimorista se conformó un modelo económico neoliberal y autoritario con las siguientes características: predominancia del libre mercado como único y sagrado mecanismo asignador de recursos; patrón de crecimiento centralista y primario-exportador; debilitamiento de las organizaciones políticas y del tejido de organizaciones sociales; y limitaciones en la capacidad estatal para proveer servicios de calidad (educación, salud, seguridad, justicia) a la población y regular la actividad económica en forma eficiente. Es este modelo el que ha fracasado y que el gobierno de Toledo ha mantenido más o menos intacto, en un contexto de creciente descontento de la población y niveles de pobreza más estables que la mayor parte de indicadores de la macroeconomía.

En este contexto ¿qué es cambiar el modelo económico? Evidentemente, existen diversas miradas de las organizaciones políticas al respecto.  Nos encontramos en los extremos. Mientras UN se ubica claramente dentro de un eje continuista del modelo, apostando a algunos ajustes a la política social asistencialista y “manos firmes” para establecer “orden” frente al descontento popular, el discurso humalista plantea cambiar en forma voluntarista las reglas del modelo en base al poder de un líder anti-sistema, que desconfía de la democracia y ataca a los partidos políticos tradicionales al mismo estilo fujimorista.

Ninguna de estas opciones es la más conveniente para generar un cambio importante y de fondo en el modelo económico vigente. La primera por carencia de elementos de cambio suficientes, y la segunda por su entraña antidemocrática e improvisada que a la larga terminará aumentando la precariedad del sistema sin poder hacer los cambios necesarios. No por casualidad ninguna de estas opciones ha firmado el Acuerdo Nacional, un espacio que debería convertirse en la fórmula para cambios negociados pero profundos, en democracia y un clima de paz social.

La opción de Concertación Descentralista se ubica entre estos dos extremos inconvenientes y apuesta por un gran Pacto por el Empleo y la Paz Social en el marco del Acuerdo Nacional. Planteamos reformas fundamentales en la Constitución y en algunas leyes constitutivas del sistema político y electoral que foralezcan la democracia participativa; planteamos como eje crucial de la reforma del estado a la descentralización y el combate sistémico a la corrupción pública y privada; y apostamos por un estado con políticas sectoriales activas y promotoras de la inversión privada en corredores económicos y regiones emergentes, con instrumentos de desarrollo que eviten la distorsión de los precios pero ataquen profundas fallas de mercados en crédito e innovación tecnológica. Todo esto en el marco de una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.